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Tuvieron que morir asesinadas más de 300
mujeres con lujo de violencia, y ser
desaparecidas otras 500, para que la
autoridad federal finalmente asumiera
alguna responsabilidad en la materia.
Tuvieron que alzarse miles de voces en
lucha contra la impunidad y la injusticia
que se vive en la entidad para que un
Presidente en funciones reconociera
públicamente en un Informe presidencial la
magnitud de la tragedia; tuvieron que
crearse decenas de redes de solidaridad
internacionales que divulgaran en el mundo
el feminicidio en Ciudad Juárez para que
las autoridades comenzaran a hacer algo.
Tuvieron que escribirse decenas de libros
y revistas, realizarse decenas de
documentales, montarse decenas de obras
teatrales sobre los crímenes en Ciudad
Juárez para que un gobierno abriera los
ojos. Tuvieron que desfilar por el país
prácticamente todas las organizaciones
internacionales de derechos humanos, con
sendas denuncias de los asesinatos
misóginos en la frontera, para que se
comenzara a actuar.
Es en este contexto de silencios e
inacciones acumulados por parte de las
autoridades, de demagogias y negligencias,
de ineptitudes e impunidades, que debemos
ubicar la reciente designación como
comisionada para prevenir y sancionar la
violencia contra las mujeres en Ciudad
Juárez, de Guadalupe Morfín Otero. Un
nombramiento que, por la trayectoria de
compromiso con los derechos humanos de la
nueva funcionaria, constituye sin duda una
señal alentadora para avanzar en las
investigaciones de los crímenes y para que
se comience a hacer justicia en la entidad
fronteriza. Con todo, por tratarse de un
asunto tan delicado y turbio, por existir
tantos intereses en juego, porque
seguramente muchos poderosos están
involucrados en los asesinatos, por haber
tantos funcionarios, autoridades y
policías locales involucrados con los
crímenes, ya sea por acción o por omisión,
en suma porque investigar seriamente los
feminicidios en Ciudad Juárez implica
abrir una cloaca de contubernios políticos
y económicos, de corrupción y negligencia,
de impunidad y obscuridades legales, de
psicópatas y traficantes, etcétera, es
legítima la duda sobre las posibilidades
reales de la nueva instancia gubernamental
como del verdadero interés del gobierno
federal para resolver la problemática.
Lo más cómodo es dar un voto de confianza
hacia la labor de la nueva comisión y a su
encargada, y a las buenas intenciones del
gobierno de la República. Pero si muchos
desconfían todavía es por culpa de las
propias autoridades, por su pobre
actuación hasta ahora. Si la decisión del
Ejecutivo es simplemente política, es
decir, una decisión para aparentar
voluntad de actuar con energía en un
contexto de creciente clamor por justicia,
tanto nacional como internacional, una
decisión para ganar tiempo ante el
malestar de la sociedad por tanta
ignominia, muy pronto la simulación
quedará al descubierto y se abonará al
despeñadero de descrédito y
deslegitimación que ya de por sí acusa el
gobierno federal.
Por eso hay que estar alerta. El caso de
las muertas de Juárez es un asunto
muy delicado para cualquier gobierno, es
como una papa caliente que nadie quiere
sostener. En todo caso, habrá que
reconocer que las nuevas acciones del
gobierno federal en el caso de Juárez no
nacen de la voluntad y el compromiso de
las autoridades sino, como en muchos otros
asuntos, de la movilización social y la
acción organizada que durante años ha
sostenido la bandera de la denuncia y el
reclamo por justicia.
Un ejemplo reciente de esta lucha social
lo constituye la aparición del número
fuera de serie de la revista
Metapolítica, dedicado a las “Las
muertas de Juárez”, y en la que
participaron más de 80 colaboradores, bajo
la coordinación de Sergio González
Rodríguez. |
