Número 66 | SOCIEDAD ABIERTA | Tomoo Terada | PDF | Imprimir | Enviar
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A mi maestro, el doctor José de Jesús López Monroy l estudio del conflicto de interés y su combate en los sectores tanto público como privado se ha convertido en un importante asunto merecedor de preocupación a nivel mundial. Hace unos años, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) identificó a este problema como una causa fundamental de los entonces recientes escándalos financieros en el sector privado, los cuales, vistos a la distancia, fueron un anuncio, una advertencia de lo que terminaría estallando hace poco, tomando la forma de la actual crisis económica mundial (OECD, 2003, p. 12).[1] A reserva de que lo que confirme la investigación empírica, puede pensarse que la existencia de tal tipo de conflicto habría desembocado en una supervisión deficiente por parte de las entidades encargadas de regular a los sectores financiero y bancario. En cuanto al sector público, la organización llegó a afirmar que el definir una política efectiva para lidiar con el conflicto de interés era “esencial para la estructura política, administrativa y legal de la vida pública de un país” (OECD, 2003, p. 13). La OECD (2003, p. 58) define el conflicto de interés en el sector público como “Un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el cual el funcionario público tiene intereses privados que pueden influir en forma impropia en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales”. En el caso específico de México tenemos legisladores federales en funciones que litigan en contra del Estado como abogados patronos de los intereses de aquellos particulares que puedan pagar sus altos honorarios; a un ex secretario de Hacienda que inmediatamente después de concluido su cargo pasa a ser miembro del consejo de administración de un banco extranjero con oficinas en México; y también a un procurador estatal que exonera de cualquier conducta indebida a un ex gobernador sujeto a investigación por parte de la procuraduría del estado, pese a que el evidente enriquecimiento inexplicable por parte de dicho ex gobernador termina desatando un escándalo mediático, y siendo que el procurador y su jefe, el actual gobernador en funciones y sucesor inmediato del mencionado ex gobernador, fueron colaboradores en la administración de éste y le deben ambos al menos parte de su carrera política… son sólo algunos de los innumerables casos que muestran que no importa la ideología que se proclama ni hace diferencia alguna el emblema partidista que se porta: en México los conflictos de interés inundan la vida pública mexicana, la cual se degrada y llena de suciedad, reducida a una arena en la que se enfrentan y dirimen intereses ilegítimos sin control tras la fachada —simple fachada— de un Estado de Derecho. Sangriento espectáculo, sobre todo en épocas electorales, del cual la mayoría de los mexicanos son simples espectadores que sienten que la política es algo ajeno, sucio: trabajo exclusivo de ladrones y vividores.
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