Número 66 | DEBATES | Gerardo Ávalos Tenorio | PDF | Imprimir | Enviar
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a reorganización del Estado mexicano, forzada por la crisis del Estado fordista y el ulterior tránsito hacia el Estado de competencia global (vid. Hirsch, 1996; Hirsch, 2001; Hirsch y Ávalos, 2007), ha llegado a tal punto que lo que se juega hoy en día, en realidad, es su propia constitución en cuanto Estado.[1] No es exagerado este juicio si por “Estado” no se entiende únicamente al gobierno o sólo al aparato administrativo de poder público. La mera subsistencia de un grupo gobernante amparado por el poder militar no significa que se preserve el principio de la estatalidad que es el de la justicia y el consenso entre los diferentes miembros de una asociación o comunidad con intereses encontrados. En el intento de convertir al Estado obeso en un Estado modesto y eficiente, el bloque dominante[2] se ha excedido y ha puesto en entredicho la propia convivencia políticamente organizada para garantizar la vida y la libertad de los individuos, pues es a eso a lo que respondería la existencia de un Estado. En las líneas que siguen apuntaré algunas de las razones por las cuales considero que existe una clara tendencia hacia la conversión del Estado mexicano en algo diferente a un Estado, sin que quede claro en que ha de resultar tal proceso. n primera instancia el fenómeno estatal se presenta como el monopolio del poder por encima de la sociedad. Ese monopolio es el de la violencia física pero también el de la impartición de justicia y, en consecuencia, el de imposición de las penas y los castigos. El poder del Estado también consiste en ser la única autoridad en recaudar impuestos y en diseñar los gastos y las inversiones públicas. No es menos importante el poder de legislar y gobernar, aunque en forma representativa y no necesariamente desde la misma instancia: legislar y gobernar son dos tareas estatales que han sido adscritas históricamente a poderes diferentes. Basta situarse un poco más allá de esta visión del fenómeno estatal para comprender que el Estado, en realidad, es un conjunto de relaciones sociales entrelazadas, es decir, un proceso relacional. Todos los atributos, funciones y acciones del Estado descansan en el supuesto de que un pueblo ha ganado el derecho de regirse por sí mismo, es decir, darse leyes a sí mismo, lo que significa autonomía e independencia respecto de otros pueblos estatalmente organizados. Dicho con otras palabras, el Estado es ante todo una relación social entre pueblos, que han logrado diferenciarse entre sí precisamente por el hecho de que uno no manda sobre el otro. Soberanía es el nombre moderno de este atributo principal del Estado, pero en todo caso se trata de un atributo relacional. En segundo lugar, el Estado también es una relación entre gobernantes y gobernados. En esta relación se estructura la columna vertebral de un Estado, por lo menos dentro de su unidad territorial; sin esta relación gubernativa no hay principio de orden ni sistema de derechos y deberes de los integrantes de la comunidad política a la que llamamos Estado. Cómo sea esta relación depende de cómo se han entablado las luchas entre los distintos grupos que forman aquella unidad comunitaria. En tercer lugar, como corolario de la segunda relación, el Estado es también el proceso de unificación o cohesión de los individuos y grupos que forman la asociación o comunidad. Nacionalismo y patriotismo han sido las principales ideologías que expresan y determinan esta unificación, aunque la religión no ha sido ajena, históricamente, a este proceso. Ahora bien: un régimen político o forma de constitución es la concreción institucional de un Estado. En este entramado institucional es donde se juega el funcionamiento realmente efectivo y concreto de un Estado. Cuando los gobernados participan directa e indirectamente en las decisiones legislativas y ejecutivas del Estado, el régimen es democrático. En cambio, cuando los gobernados son ajenos a esas decisiones el régimen es autocrático aunque esas decisiones los beneficien desde el punto de vista material. Analicemos desde esta perspectiva, aunque no sea sino a grandes rasgos, el caso mexicano. i el Estado es, en primer lugar, una relación de contraste o de frontera entre pueblos o entre comunidades políticamente diferenciadas, esto implica que comprender un Estado en particular es necesario ubicarlo en el espectro mundial, particularmente en el marco de los “grandes espacios” (vid. Schmitt, 1979) que son configuraciones geoestratégicas en las que uno de los Estados es dominante militar y económicamente. En el mundo moderno, estos grandes espacios se han constituido sobre la base del control que ejercen algunos Estados sobre las materias primas, la fuerza de trabajo y los mercados de los países de toda una región o de diversas regiones. Es parte de esta dimensión relacional pero externa de un Estado el papel que desempeña su diplomacia en el concierto de las naciones, en lo referente a su activismo en la defensa de principios generales de convivencia entre Estados, como son el principio de no intervención y el de autodeterminación de los pueblos. La reestructuración económica del mundo ha supuesto la reorganización de las formas de producción y comercialización cuyo motor ha sido la gran empresa transnacional, multinacional y globalizada. Mientras que para algunos países este proceso ha significado crecimiento económico y desarrollo, para otros, en cambio, ha representado mayor sometimiento y subordinación. México se encuentra entre este último grupo de países. La globalización sólo ha beneficiado a algunos grupos de empresarios que han podido integrarse con éxito al mercado de Estados Unidos y, en menor medida, también de Asia y Europa. Mientras tanto, las cadejcompetencia global. El caso más dramático es el de la agricultura. El resultado social más agudo ha sido el aumento de la pobreza y la concentración del ingreso, lo que ha generado un incremento de la población dispuesta a enrolarse en el crimen organizado y en un ascenso sin precedentes de la migración. En estas condiciones, el Estado mexicano se ha subordinado cada vez más a otros Estados, lo que también se manifiesta en un debilitamiento del papel de la diplomacia mexicana frente al exterior. En realidad, México ya no cuenta en el mundo. Por ejemplo, avanza la construcción estadounidense el muro fronterizo, se incrementan los controles contra la migración ilegal y no hay visos de acuerdo migratorio alguno con los socios comerciales signantes del TLCAN. La reciente exigencia canadiense de visado para los mexicanos debe ubicarse en este cuadro de interpretación. Por cierto, el argumento manejado por los funcionarios mexicanos para justificar la no reciprocidad en la exigencia de visas para los canadienses que viajan a México, argumento según el cual ello afectaría a la industria turística mexicana, no hace sino corroborar que la razón principal del debilitamiento de la diplomacia mexicana es de naturaleza francamente económica. El gobierno del Estado mexicano, en suma, cada vez posee menor autoridad frente al exterior. a relación gobernantes/gobernados es el aspecto más evidente de un régimen político porque concentra la forma de gobernar y el modo en el que los gobernados ajustan sus conductas a los dictados del gobierno. Es también, en el caso mexicano, el espacio donde se han registrado mayores modificaciones. Simplificando al máximo es dable sostener que el régimen autocrático, en su periodo de consolidación posrevolucionaria, tenía ciertas características que formaron una mezcla única de despotismo con promoción del desarrollo y del bienestar social. Se trataba de un régimen corporativo y presidencialista, electoralmente expresado en un partido hegemónico. El control corporativo sobre los grandes sindicatos de masas y sobre los campesinos organizados le dotó de una gran base popular de apoyo; el origen de tal control fueron las grandes conquistas sociales de la Revolución enlazadas con la onda expansiva del capitalismo en el periodo entreguerras y en la segunda posguerra. Tales conquistas se concretaron sólo por medio de la intervención del aparato estatal que jugaba las veces de gran árbitro de los intereses de las diferentes clases sociales. El acceso a la tierra y el derecho al trabajo y a la organización sindical se mediatizaron por la intervención del aparato de Estado, cuya figura central era el presidente de la República que, situado en la cúspide de la pirámide estatal, regía en todo el país apoyado en la estructura de gobernadores y presidentes municipales. Ellos, más que representantes populares, lo eran del presidente de la república para cada estado y cada municipio. Como se ve, quedaban ensamblados un control corporativo sobre los trabajadores y un control territorial personificado en la figura del cacique local o regional, en una suerte de mezcla de poder señorial hacia dentro de cada región y de vasallaje hacia arriba, esto es, hacia la figura del presidente de la república. Este sistema de control autocrático pero reformista social se manifestó en forma condensada en el Partido Revolucionario Institucional, que strictu sensu no era un partido político sino una agencia de la estatalidad mexicana en su conjunto con pretensiones de abarcar la totalidad de la vida política del país. En épocas electorales esta figura política adoptaba la forma de un partido político que disputaba los cargos de elección popular a la impenitente “reacción”. Como formalmente el régimen político era una democracia representativa con división de poderes, el Congreso de la Unión, conformado por una Cámara de Diputados y otra de Senadores, fue también abarcado por la estructura autocrática del PRI mediante un sistema de reparto de cuotas entre las distintas organizaciones integrantes de los sectores de ese partido. El PRI también era una especie de Secretaría de Estado (o Ministerio) que hacía funciones de gestión en todos los órdenes; era también una plataforma para la movilidad social y hasta organizador, a través de sus comités distritales esparcidos por todo el país, de la cultura y el entretenimiento de las “clases populares”. Era tan peculiar esta forma política, que no había acuerdo en cómo denominarla y caracterizarla. Algunos sugerían que era un partido de Estado, otros que era un partido del régimen político; unos más que era una pieza funcional de todo un régimen, el régimen de partido de Estado. Lo que siempre fue subrayado fue el carácter especial de esta forma de control político autoritario sí, pero con un fuerte soporte de protección a los derechos sociales, promoción del progreso y defensor del nacionalismo. Por supuesto que estos soportes no eran sino un modo de adaptar el espacio económico del país al régimen de acumulación fordista que imperaba a nivel mundial. La ideología del progreso, por ejemplo, fue la expresión de los procesos combinados de industrialización y urbanización de la segunda posguerra; el nacionalismo económico, cuyo modelo fue la expropiación de la industria petrolera en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se utilizó ulteriormente (significativamente con la nacionalización de la industria eléctrica) para subsidiar la acumulación del capital en su conjunto. En suma, en la onda expansiva del capital, propia del modelo fordista, el PRI podía presentarse como la síntesis aparente de las conquistas de la Revolución mexicana en su práctica gubernativa, aunque en realidad funcionaba como agencia de control social (corporativo y territorial) necesario tanto para garantizar el marco de condiciones generales de la acumulación de capital, como, más específicamente, para promover la pequeña acumulación de grupos ligados con la estructura del poder político. Era una maquinaria casi perfecta, aunque esto no quiere decir que la persecución y represión de movimientos y grupos disidentes fuera excepcional. El régimen de la revolución institucionalizada fue también un régimen represivo, para el cual el ejercicio de las libertades democráticas fue sinónimo de rebeldía. Este régimen autocrático comenzó a resquebrajarse cuando el modelo fordista de organización de la acumulación del capital se había agotado. Hacia 1982, este agotamiento se expresó en un sobreendeudamiento de la economía nacional y en una caída de los precios internacionales del petróleo: las bases del consenso se colapsaron. Tal crisis de consenso se expresó en las elecciones presidenciales de 1988, cuando el candidato neoliberal del PRI perdió frente al símbolo del cardenismo personificado en el hijo del General Cárdenas, aunque entonces operó la maquinaria que garantizaba el monopolio del control político y, a final de cuentas, Carlos Salinas fue impuesto en la presidencia del país. Desde entonces, al tiempo que se aceleraban las “reformas estructurales” privatizadoras y se concretaba una embestida descomunal contra el “Estado de bienestar” mexicano, el bloque del poder fue cediendo posiciones a fin de democratizar el régimen sin que esto significara la pérdida del control político: se trataba de impulsar una alternancia que no desestabilizara las bases del control social. Una auténtica democratización del Estado habría significado el desmantelamiento del control corporativo sobre los grandes sindicatos de masas, sobre todo el petrolero y el de maestros. Esto no podía hacerse desde arriba sino desde las propias bases trabajadoras, lo cual tampoco era sencillo, pues la reestructuración productiva que amenazaba el empleo, funcionó para garantizar la sumisión. La llamada democratización se concentró en la esfera electoral y fue conducida hacia una alternancia en la titularidad del poder ejecutivo federal. Este recambio era necesario y urgente hacia 1994 con una rebelión indígena en Chiapas y con el asesinato del candidato priista a la presidencia Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año. Todo se fue preparando para que el bloque en el poder obtuviera una nueva legitimidad de mayoría electoral para un partido con cierta tradición histórica liberal pero que paulatinamente se había ido deslizando hacia posiciones caudillistas, empresariales, eclesiásticas y que, en todo caso, estaban en consonancia con las directrices “liberistas” económicas de reorganización social. El carácter sui generis de la formación política llamada PRI hizo pensar a varios analistas que su derrota electoral en los comicios presidenciales significaría un auténtico avance en la democratización del país. Lo cierto es que, con la pérdida de la presidencia, el PRI no se desintegró pues conservó parte de su control territorial y siguió siendo un factor de poder local y regional pero también tuvo una presencia importante en los congresos estatales y en el federal. La falta de pericia en el ejercicio de la presidencia por parte del gobierno panista de Vicente Fox fue un factor importante para no desmantelar al PRI. También lo fue el hecho de que ese gobierno quedó atrapado en la contradicción de, por un lado, garantizar la estabilidad económica del país, lo que también se tradujo en la protección del poder y privilegios de una clase, y por otro lado, cumplir con las expectativas ciudadanas de democratización efectiva. El gobierno de Fox simplemente sucumbió en medio de la corrupción, la represión y el desencanto ciudadano.[3] Las elecciones presidenciales de 2006 no dieron como resultado un fortalecimiento de la democratización del régimen sino el inicio de una oligarquización de la política interna en la cual los grupos empresariales han sido protagónicos. Es significativo en este sentido el papel cada vez más relevante que han adquirido en la esfera política los dueños de las concesiones para operar el espacio radioeléctrico, en especial el duopolio televisivo. Es difícil negar que el activismo explícito de las televisoras haya desplazado a los factores tradicionales del poder. En términos de la relación estatal gobernantes/gobernados, el panismo en el poder ha representado un deterioro profundo. Carentes de proyecto de nación y sobre todo de visión de Estado, los gobiernos del PAN han asimilado el aparato estatal a los parámetros de una empresa en cuya administración ni siquiera se han acreditado como eficientes ni honestos. Tampoco han facilitado el procedimentalismo democrático sino que incluso han reproducido las inercias autocráticas al grado de identificarse con los métodos y las formas del PRI. Esta identificación no sólo ha anulado al panismo como corriente histórica crítica del despotismo, la corrupción y la autocracia sino también como una opción ciudadana de las clases medias para expresarse políticamente. De hecho, la convergencia práctica entre el priismo y el panismo es inexplicable desde un plano meramente ideológico o de principios: es el interés por perseverar en las privatizaciones e inclusive beneficiarse de ellas a costa del espacio público, lo que los hace coincidentes. Si el aparato de Estado es convertido en una empresa y sus administradores operan para quebrantarla, el resultado inevitable será la disolución del propio Estado en tanto comunidad política. La autoridad estatal se extravía como factor de cohesión social y su lugar lo irá ocupando un poder despótico que hace de la violencia su divisa cotidiana. Esto es lo que ha sucedido desde 1988 pero se ha profundizado con los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Con un importante déficit de legitimidad electoral, el gobierno de Calderón recurrió al peligroso expediente de declaración de guerra contra la delincuencia organizada, particularmente contra el narcotráfico. También echó mano de la criminalización de la protesta social, como en el caso de la APPO de Oaxaca y los líderes de Atenco. En la supuesta guerra contra el crimen organizado, el grupo gobernante ha utilizado al ejército nacional como ariete, lo que no sólo ha resultado ineficaz y costoso sino también pernicioso para las garantías individuales y los derechos humanos. Y es que, en verdad, se trata de una estrategia muy arriesgada en la medida en que otorga cada vez más poder y privilegios al ejército y porque hace cada vez más dependiente el poder civil al militar. En el grupo gobernante no hay grandes estrategas ni siquiera medianos estadistas, por lo que lanzar al ejército por delante, desconociendo los principios más elementales de la estatalidad, ha representado hasta el presente sólo mayor violencia y menor autoridad estatal: ninguna imagen más elocuente para esta opción militar que la del aprendiz de brujo. Por cierto, la fuerza de un Estado no está fundamentalmente en el ejército ni en los cuerpos policíacos. En contraste, no existe ni la más mínima evidencia de intervención para bloquear o interceptar los circuitos financieros de lavado de dinero del crimen organizado; tampoco existe política estatal alguna para prevenir el consumo de drogas, a no ser las consabidas e ineficientes campañas en medios de comunicación o, peor aún, las primitivas prácticas de revisión parapoliciaca en las escuelas: todo en la misma lógica de persecución y represión. De rehabilitar a los adictos por medio del trabajo, el arte y el deporte, por ejemplo, ni hablar: como tales estrategias no enriquecerían a ningún particular relacionado con el grupo gobernante, entonces no se promueven. En suma, la estrategia gubernamental para obtener algún tipo de legitimidad solamente hunde al país en la violencia. Esta vorágine de violencia en la que está envuelto el país no sólo demuestra el fracaso de la estrategia oficial para combatir al crimen organizado sino también pone en evidencia que al gobierno se le está escurriendo el poder estatal entre las manos. Es real la posibilidad de que el grupo gobernante actual haga que el aparato estatal pierda el monopolio de la violencia física y deje proliferar a grupos paramilitares, de autodefensa y de seguridad privada, para dar paso a una privatización más: la de la seguridad pública, el combate al crimen y las cárceles. l Estado también es proceso de cohesión entre los miembros, clases y grupos que forman una comunidad. En este sentido, la sociedad civil no está fuera y en contra del Estado sino que el propio Estado deviene condición de existencia superior de la sociedad civil. Ésta se convierte en Estado cuando logra institucionalizar en normas y prácticas su ethos propio. El nacionalismo y el patriotismo han sido las divisas modernas para la cohesión de la sociedad y su transformación en Estado. Advierto que no es incompatible el pluralismo con la identificación de valores nacionales y patrióticos que actúan como significantes de unificación de los diversos grupos e individuos. Sin este elemento de unificación no hay Estado posible. Varios clásicos del pensamiento político hicieron énfasis en la necesidad de fundar y promover una religión civil que garantizara la identificación del individuo libre con su Estado y sus fines. En México la promoción de la educación pública para todos fue el motor para la superación de la religión tradicional y la construcción de un orden social civilizado e incluyente. No es difícil darse cuenta del fracaso de la educación iluminista. Las inmensas audiencias televisivas y el bajísimo nivel de lectura promedio de los mexicanos atestiguan que el individualismo posesivo se ha instalado en la mentalidad de amplios grupos de la población. Las desproporcionadas expectativas que genera la selección nacional de fútbol es, como han señalado diversas voces, el síntoma de la ausencia de una auténtica conciencia nacional. También funciona como sucedáneo de un nacionalismo genuino y como elemento de sublimación de las frustraciones en el juego real del poder en el plano global. Al abandono del proyecto nacional por parte del grupo gobernante corresponde la expansión de la ideología del individualismo posesivo y la indolencia frente a lo público de amplias capas de una población joven cada vez más excluida de la integración que supone el mercado. De nueva cuenta, la violencia que actualmente padece el país sería imposible, por lo menos en las dimensiones que ha adquirido en los años recientes, si no fuera por la disposición de los jóvenes a ingresar en los circuitos de la droga, la delincuencia y el crimen, previamente adiestrados por la industria cultural. En estas condiciones el Estado, el proceso estatal, declina por arriba, por el lado del grupo gobernante, los representantes populares y los administradores de justicia, pero también se desfonda en el plano de la sociedad y en la vida cotidiana. Pensaba Hobbes que el Estado civil era creado para superar la condición de naturaleza del hombre que era un estado de guerra de todos contra todos y donde la vida era corta, insegura e infeliz. Es una estampa que sugiere que en México padecemos una clara tendencia a dejar de vivir en una condición estatal. ■ Cervantes, J. (2009), Los hijos de Marta. Historias de impunidad, México, Debate. Hirsch, J. (1996), Globalización, capital y Estado, México, UAM-X. Hirsch, J. (2001), El Estado nacional de competencia, México, UAM-X. Hirsch, J., y G. Ávalos Tenorio (2007), La política del capital, México, UAM-X, 2007. Lizárraga, D. (2009), La corrupción azul. El despilfarro en las transiciones presidenciales, México, Debate. Reveles, J. (2006), Las manos sucias del PAN: historia de un atraco multimillonario a los más pobres, México, Ediciones Temas de Hoy. Schmitt, C. (1979), El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del ‘Jus publicum europaeum’, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. Zepeda Patterson, J. (2007), Los amos de México, México, Ediciones Temas de Hoy.
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