Número 66 | DEBATES | Alejandro Anaya Muñoz | PDF | Imprimir | Enviar

Una cuenta negativa: Derechos humanos y calidad el Estado
por Alejandro Anaya Muñoz[*]

En las líneas que siguen, abordo una discusión sobre el estado actual de la calidad del Estado mexicano. En específico, me aproximo a esta cuestión tomando como punto de partida el supuesto normativo de que el elemento central que determina los méritos o deméritos (en otras palabras, la calidad) de cualquier Estado en el mundo contemporáneo es el respeto a los derechos humanos —esa serie de prerrogativas que la persona tiene por encima del Estado y del mercado. En otras palabras, las reflexiones que siguen parten del supuesto de que los méritos o la calidad de un Estado se determinan en función de su capacidad para garantizar la libertad, la integridad física (y psicológica), la participación política y el acceso progresivo y no discriminatorio al bienestar (social, económico y cultural) para todos los individuos bajo su jurisdicción.

Hace nueve años, muchos pensamos que el Estado mexicano entraba a un camino que le llevaría a adquirir un nuevo sentir (y por lo tanto un comportamiento renovado) con respecto a los derechos humanos. Para muchos, este optimismo tenía sustento no solamente en un abstracto ejercicio de vincular casi de manera automática a la democracia con el respeto a los derechos humanos, sino también (quizá en mayor medida) en la retórica y la práctica del nuevo gobierno. Muy importante en este sentido fue la decidida “vuelta en U” en la política exterior de derechos humanos del país; la cual pasó del principio de la no intervención a una apertura sin ambigüedades al escrutinio internacional (particularmente de parte de los órganos y mecanismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos). La lógica de la apertura era (sigue siendo) que el adoptar compromisos jurídicamente vinculantes con el exterior, aunado a la supervisión por parte de actores internacionales, sería no solamente un ancla a las nuevas preferencias gubernamentales en materia de derechos humanos, sino también un motor para el cambio interno (Anaya Muñoz, 2009a, pp. 35-58). Igualmente significativas fueron una serie de acciones del nuevo gobierno en materia de política interna: la promesa de “contar la verdad” y hacer justicia con respecto a los “crímenes del pasado” en contra de movimientos sociales y políticos; la creación de comisiones y fiscalías para Ciudad Juárez; el establecimiento de instancias especializadas en derechos humanos en distintas dependencias del gobierno federal (como las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación); la inclusión de reconocidas defensoras de derechos humanos en importantes espacios dentro del Gobierno Federal; el diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la elaboración del Programa Nacional e Derechos Humanos. En suma, el nuevo gobierno no solamente habló más y más claro, sino que también comenzó a actuar alrededor de una agenda de derechos humanos a la cual dio una prioridad sin precedentes. Sin embargo, al poco tiempo surgieron tensiones y contradicciones. Figuras clave en la promoción de la agenda de derechos humanos dentro del propio gobierno federal perdieron sus espacios mientras las fuerzas de seguridad mostraban sin ningún remordimiento sus “usos y costumbres” en Guadalajara, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca.

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