Número 66 | DEBATES | Israel Covarrubias | PDF | Imprimir | Enviar
[*] uiero comenzar con una historia simple. En la Ciudad de México, dos veces por año, cientos de miles de propietarios de automóviles, con placas de circulación del D.F., están obligados a concluir con el procedimiento de verificación vehicular. Como se sabe, es un mecanismo creado tiempo atrás para el control de las emisiones de gases contaminantes. Real o no, efectiva o no, la verificación vehicular ha provocado una serie de fenómenos moleculares de diversa índole, entre los cuales se encuentra por su visibilidad y forma corrosiva de resolución, el hecho de que miles o cientos de miles de automovilistas sencillamente no les da la gana verificar, sea porque no pudieron o no tenían dinero, sea porque se les olvidó, o bien, porque presuponen que “no pasará nada” si no lo hacen. Incluso, pueden llegar a la insolencia de dejar correr algunos años sin verificar sus vehículos. Como es evidente, las razones son múltiples, ya que quizá cada caso es una motivación, una forma individual y suficiente para entender el por qué no se verifica. Por ello, resulta un ejercicio vano intentar siquiera esbozar los trazos centrales a través de los cuales un sujeto ha decidido, consciente o inconscientemente, no realizar el trámite al cual está obligado. No hace mucho supe de una historia que tenía que ver con lo antes dicho. En efecto, es una historia banal en exceso, pero sintomática de las relaciones sociales que se producen entre el Estado y la sociedad en nuestro país, y no sólo en la Ciudad de México. En particular, permite atisbar una parte significativa de la serie de relaciones que se tejen y destejen entre esa parte del Estado que pretende enarbolar y volver efectiva la ley y la autoridad, tanto en el ámbito simbólico como en el real, y esa parte de la sociedad que, al individualizarse y volverse sujeto, juega a aceptar o a rechazar la ley y la autoridad que le cae, en su literalidad, encima. Sin embargo, hay que apuntar que le son necesarias para poder elaborar su propia lógica del conflicto, permanente o intermitente, en la vida diaria frente al Estado (o francamente en contra de él, y en contra de las nociones arbitrarias de la autoridad y la ley que imprime la estatalidad en un momento histórico determinado). Decía, pues, que deseaba contar una historia. Un martes por la mañana, un ciudadano (que adopta este carácter cuando hay algo que lo une con un espacio público territorial o de otro tipo) circulaba en su automóvil por alguna de las calles centrales del oriente de la Ciudad de México; en un momento dado, una patrulla de tránsito usaría el altavoz para indicar que se detuviera. Al hacerlo, el ciudadano (C) sospechaba, quizá en realidad sabía con conocimiento de causa, el motivo de la indicación. Lo que sucedía era que C no llevaba pegada —y en ningún lado— en su automóvil la calcomanía de la verificación vehicular. De hecho, desde que había comprado ese automóvil (con un privado, y en una lógica donde el Estado había participado como tercero ausente) nunca le había dado la gana verificar. Sin embargo, a pesar de que C no traía la calcomanía de la verificación, traía el comprobante de pago de la multa correspondiente —que otorga una amnistía al transgresor por 30 días para ir a terminar el trámite. Ahora bien, aquí comienza lo interesante del asunto: el policía (P) se aproxima a la ventanilla del automóvil de C y le expresa: “mi nombres es X, mi número de policía es Y”, seguido de “¿su verificación por favor?”, a lo que C contesta: “no la traigo”. Acto seguido, P le comunica que tendrá que remolcarlo al depósito por haber violado la ley. En ese momento, C le pregunta a P: “¿por qué, si traigo la multa pagada, y ahora mismo voy al verificentro?”, P responde: “de todos modos, no puede circular, es martes y las placas de su coche terminan en 7, hoy no puede circular, cualquier otro día sí”; C pregunta de nueva cuenta: “¿y dónde dice que no puedo circular?”, P dice: “esta escrito en el reglamento”; C vuelve a insistir: “quiero ver dónde está escrito”, P revira: “ahora mismo se lo enseño”. P regresa y empieza a buscar en el reglamento de tránsito, frente a los ojos de C, la norma que prohíbe que C circule, y al no encontrar donde está estatuido (por eso la ley se puede volver, en este sentido, Estado) que C no puede circular, o por lo menos por esa calle y frente a ese representante de la ley, se hace un silencio por parte de P que, al final, lo quiebra al decir: “bueno, así literal jamás vamos a encontrar escrito que no puede circular, explícitamente no está…”. El desenlace es imaginable: nace un conflicto, C y P se gritan y amenazan. Poco después, llega el compañero de P y le dice a C: “Ok, no hay problema, puedes irte, pero vete directo al verificentro”. He aquí, pues, el punto central de nuestro alegato. |
