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El Informe
titulado “Muertes intolerables. Diez años de desapariciones
y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua”, que Amnistía
Internacional presentó el 11 de agosto de 2003 en Ciudad
Juárez y la Ciudad de México en forma simultánea
(reproducido íntegramente en este número fuera de serie),
expresa un parteaguas en el drama que dicha frontera
contempla desde diez años atrás a la fecha. Nunca un
organismo de amplio prestigio internacional había expresado
un juicio tan condenatorio a la negligencia e ineptitud
gubernamentales en México en materia de derechos humanos.
Sin dejar
de reconocer algunos esfuerzos de coordinación
interinstitucional que a últimas fechas ha emprendido el
gobierno de la República, el Informe de Amnistía
Internacional fue muy claro en su mensaje: “más de
370 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 137 presentan
violencia sexual, reflejan una cruda realidad de la
violencia que sufren las mujeres y las adolescentes en el
Estado de Chihuahua desde 1993”.
Por
desgracia, y a pesar de que los representantes de Amnistía
Internacional encabezados por su secretaria general Irene
Khan se entrevistaron con altos funcionarios del gobierno
federal, incluido el presidente Vicente Fox Quesada, fue
explícito el rechazo de las autoridades mexicanas al
contenido del Informe.
En el
fondo, se trata de dos visiones enfrentadas: mientras el
gobierno mexicano insiste en que los homicidios sistemáticos
contra mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua son delitos de
“fuero común”, y que por lo tanto deben ser, en virtud del
respeto a la soberanía estatal, “competencia” del estado de
Chihuahua, Amnistía Internacional señala que “es un reto y
un deber de las autoridades mexicanas superar estas
deficiencias institucionales que promueven la impunidad y
asegurar el cumplimiento efectivo de los principios
establecidos por los instrumentos internacionales de
derechos humanos de los cuales México es Estado parte”.
Sin lugar
a dudas, hay inercias institucionales que impiden la
realización de la justicia, y concitan a sus abogados y
vocingleros en torno de la primera de aquellas posturas, la
cual tiende a ejemplificar cómo se normaliza la barbarie de
género en nuestro país. Por el contrario, cada vez son más
las voces que, desde la sociedad civil, se oponen a dicho
empeño retardatario y destructivo.
Este
número fuera de serie de Metapolítica, dedicado a lo
que en general se conoce como “Las muertas de Juárez”, en
realidad las asesinadas de Juárez, es una muestra
representativa, plural, abierta y generosa de textos e
imágenes que reivindican, por las víctimas impunes y su
memoria, la defensa a ultranza de los derechos humanos en
nuestro país. Los crímenes contra la humanidad deben de ser
castigados.
Sergio
González Rodríguez
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